Según Cáritas, este proyecto "en vez de abordar con valentía los dramáticos problemas sociales que está viviendo la población en relación con el derecho a la vivienda, agrava el problema y se doblega a las presiones de los sectores económicos que exigen todavía más ventajas legislativas, financieras y fiscales para limpiar contablemente activos inmobiliarios, exentos de cualquier consideración social".