Primero fue Extremadura, en 2002. Le siguió Andalucía, a finales del año pasado. Ahora es Castilla-La Mancha la que ha decidido imponer un gravamen a los depósitos bancarios como parte de un plan de reducción de mil millones de euros en el déficit público autonómico de 2011 que anunció ayer el presidente de la Junta, José María Barreda.