El celador de la Reserva de Caza acusado de incendiar Los Ancares tiene más de un frente abierto. Alberto García González ya ha pagado una multa de 650 euros por caza furtiva con la que le sancionó el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, después de que el año 2005 fuera sorprendido por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil con un corzo abatido sin el precinto correspondiente.