CC OO ha elaborado un estudio que dice que desde 2012 unas 875.000 inmigrantes y españoles habrían perdido su derecho a la atención sanitaria. El Gobierno aprobó en abril de 2012 u decreto por el que se deniega el acceso a la sanidad a los inmigrantes en situación irregular en España. El Consejo de Europa ya advirtió de que es una norma contraria a la convención.