Los ciudadanos, además del coste de su tratamiento, deberían saber que los profesionales que les atienden son de los peores pagados de Europa. O que en España se aprueban para su financiación medicamentos que no aportan nada a los ya existentes y además la ignorancia sobre su seguridad a largo plazo no compensa los posibles beneficios que puedan presentar, entre otras cosas.