La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido una queja sobre el caso y le ha pedido a la Comisión Europea (CE) que inicie una investigación "preliminar". La denuncia se basa en que condenar a una persona por revelación de secretos cuando está destapando un caso de fraude supone una "flagrante violación" de la Directiva europea que protege a los conocidos como whistleblower, o alertadores sobre casos de corrupción.