Es el cuarto juicio que afronta León en menos de un año por documentar esta práctica policial que está creando un clima de inseguridad e impotencia entre la población inmigrante. Grupos de inmigrantes y asociaciones hablan de la persistencia de “redadas racistas” y las enmarcan en un clima de creciente racismo institucional en el contexto de la crisis: denegación arbitraria de tarjetas de residencia por parte de las delegaciones del Gobierno, trabas administrativas desde los ayuntamientos para empadronarse, entre otras políticas.