El presidente de la candidatura escogido por el Ayuntamiento de Ruiz-Gallardón fue fichado por más de 150.000 euros netos al año. Decenas de empresas, desde grandes contratistas a constructoras salpicadas por el caso Gürtel, aportaban dinero a una fundación que traspasaba los fondos a la oficina de la candidatura. La arquitectura permitió dar a los fondos carácter de privado y, así, no precisar la financiación.