El ex director de Ascó I, Rafael G.P. y el ex jefe de servicio de protección radiológica Francesc G.T. declaran como imputados ante la titular del Juzgado de Instrucción de Gandesa (Tarragona) en relación a la fuga radiactiva de noviembre de 2007. La central emitió en 2007 partículas radiactivas, pero no informó hasta 2008. No se cancelaron las visitas de grupos de estudiantes a la central tarraconense. Se le puso una multa de 15,39 millones de euros, la más alta de la historia española.