Dieciocho años han tenido que pasar para que los dos responsables de una obra en la que falleció un trabajador se sentaran en el banquillo. Se enfrentaban a un año de prisión y a una indemnización de 210.000 euros por las múltiples deficiencias de seguridad halladas en la construcción de un edificio. Sin embargo, la juez aceptó la solicitud de declarar prescrito el delito de homicidio imprudente del que se les había acusado.