Alistair McAlpine, político inglés que anunció que llevaría a juicio a diez mil usuarios de Twitter por difundir un falso rumor que lo vinculaba con un caso de abusos a menores, ha puesto de actualidad un tema muchas veces comentado, pero pocas veces considerado con la suficiente seriedad: el balance entre libertad de expresión y el uso de la red para la difamación, amenazas, insultos o acoso.