La normativa cuestionada obliga a los contribuyentes residentes en España a presentar declaraciones informativas sobre sus bienes y derechos en el extranjero (Modelo 720), obligación que se suma al deber de tributar sobre los mismos. La normativa es incompatible con el Derecho Comunitario porque supone una importante restricción a la libre circulación de personas y capitales recogidas en los artículos 21 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.