La decisión de la Mesa supone negarle a Amaiur la aplicación de una doctrina legal que es constante e ininterrumpida desde hace casi 30 años. Por tanto, el derecho fundamental a la igualdad en el acceso a los cargos públicos (artículo 23.2 de la Constitución) ampara a esa formación y le permite recurrir ante el Tribunal Constitucional.