En un mundo normal en el que el gobierno federal de los Estados Unidos fuera mínimamente sensato y competente, los activistas de Black Lives Matter mirarían al gobierno federal. Los consent decrees, parte del paquete de medidas anti-crimen de Clinton de 1994, habían funcionado bien. El EHP era, a todos los efectos, una organización podrida, mafiosa, corrupta y racista, profundamente disfuncional; la intervención federal fue a todos los efectos una demolición controlada del cuerpo, seguida por cinco años de reformas vigiladas y tuteladas [...]