Lucía Casado, portavoz del plan Sareb, pide que se solucionen los problemas que tienen personas que viven en algunos de esos activos tóxicos que, recuerda, son viviendas, y van a ser desahuciadas. “Ojalá tuviéramos los mismos derechos y obligaciones las entidades privadas y las partes públicas, pero no ocurre”.