La trama de los EREs fraudulentos subvencionados por la Junta de Andalucía no conoce fronteras. Parte de las abultadas «sobrecomisiones» pagadas a la mediadora del grupo catalán Vitalia, cuyo negocio consistía en tramitar ayudas sociolaborales, acabó en «complejas operaciones y estructuras societarias en Luxemburgo y Rumanía (sin descartar otros paraísos del Este de Europa)» y se esfumó en ramificaciones societarias vinculadas al negocio inmobiliario con sede en paraísos fiscales como República Dominicana.