[...]Al contrario que ayuntamientos, gobiernos autonómicos y organismos oficiales, las empresas privadas no tienen ninguna obligación de promover la más mínima actividad cultural. Ni siquiera podemos juzgarles porque, en algunas ocasiones, lo hagan por blanquear dinero o por el motivo fiscal que se tercie; demos gracias por los servicios prestados y no entremos en más valoraciones. Aquí quien tiene que promover la cultura es el estado[...]