La Diputación Provincial de Alicante ha puesto en marcha los mecanismos de cualquier administración local para embargar a uno de los asesores del grupo popular su salario, en concreto a uno de sus destacados miembros en la Vega Baja, el bigastrense Aurelio Murcia. En la sentencia consta que el denunciante abonó una tercera parte del dinero destinado a la creación de una mercantil, pero después se le solicitaron 7.920.000 pesetas más para funcionamiento de la empresa.