En una convocatoria de prórroga de subvenciones, la Diputación de Pontevedra le exige a los ayuntamientos de la provincia que cumplan tres requisitos. El primero de ellos, a todas luces ilegal, dice textualmente: "La solicitud tiene que venir redactada en castellano". La Diputación de Pontevedra, gobernada por el PP, es la institución que sufragó unas jornadas de Galicia Bilingüe, asociación que logró notoriedad por sus ataques contra la supuesta imposición del gallego.