Aunque la lista contiene ya 25 nombres, no sumará más. No habrá más directivos de entidades bancarias intervenidas o nacionalizadas que dejen su puesto llevándose consigo una golosa indemnización o una importante pensión fruto de contratos blindados en los tiempos de la bonanza económica. El saldo no crecerá por encima de los escandalosos 130 millones de euros pagados ya por estos conceptos.