Sin precisar el concreto objeto de investigación, piden decenas o centenares de miles de euros para viajar por un sinnúmero de países, por ejemplo, para encontrar las normas, sentencias y otros documentos que están a un golpe de ratón en el ordenador que le paga el Estado, incluida la conexión a Internet, en su despacho o que se encuentran en nuestras bibliotecas (en general, muy bien dotadas en la democracia)