El Gobierno de Castilla-La Mancha explicó ayer que los docentes están obligados a cumplir la ley y, por tanto, no se pueden reunir en los centros educativos sin informar previamente a los inspectores educativos. El director general de Recursos Humanos y Programación Educativa de la Junta explicó que la orden dada a los inspectores de impedir reuniones no autorizadas «está amparada en la normativa vigente».