La ONG denunció que la ley restringe el derecho a solicitar asilo ya que no ofrece garantías en el proceso y además traslada la responsabilidad de registrar a los solicitantes de asilo y "determinar su condición de refugiados" del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) al Gobierno egipcio. Además, la norma "no prohíbe explícitamente la devolución" de los solicitantes en trámite.