Consumidores en Acción ha constatado que las eléctricas que a partir de julio aplicarán la Tarifa de Último Recurso (TUR) fijada por el Gobierno y el bono social se están negando a aceptar clientes procedentes de otras compañías. FACUA denuncia estas irregularidades ante el Ministerio de Industria y advierte que las prácticas discriminatorias vulneran la tanto la legislación española como la directiva europea sobre el mercado eléctrico.