La compleja tramitación burocrática y la falta de incentivos fiscales para los ciudadanos están imposibilitando un uso más extenso de la producción de electricidad limpia en el ámbito doméstico. En España se han desarrollado las energías renovables (sobre todo, la eólica y ahora la solar fotovoltaica), pero el despegue se ha hecho gracias exclusivamente a las inversiones empresariales en grandes plantas e instalaciones. El ciudadano ha quedado excluido de este exitoso desarrollo.