La entrada en vigor de la convención obliga al Estado español a tomar una serie de medidas con respecto a las desapariciones forzadas planificadas y ejecutadas por quienes dirigieron el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. El Estado español queda obligado a investigar y depurar responsabilidades sobre las desapariciones de al menos 113.000 personas durante el régimen fascista. Así mismo, la nueva legislación tendrá importantes repercusiones en los casos de bebés robados durante esos años.