Según la orden escrita enviada por el jefe de la división de Seguridad Ciudadana Gervasio Gabirondo Fernandez a los jefes de la Ertzaintza de Alava, Vizcaya y Guipuzcoa, las acciones relacionadas con el Tren de Alta Velocidad vasca deberan ser consideradas "delito de terrorismo" y transferidas a la Audiencia Nacional. Dicho protocolo no solo se aplicaría a los atentados y sabotajes, sino también a protestas y movilizaciones. El diario recuerda el caso de Urbina (Alava), donde ocho manifestantes fueron detenidos y acusados de terrorismo.