Un equipo multidisciplinar vinculado a Fomento concluye que la decisión aumentó los riesgos pero minimizó los daños. Alejar el Prestige de la costa gallega fue la decisión acertada para minimizar los daños medioambientales, y la gestión política de la catástrofe en ningún caso constituyó un delito ecológico porque el buque se iba a hundir igual. Estos serán los principales argumentos que esgrimirá la Abogacía del Estado en el juicio del caso Prestige.