El Gobierno del PP de Madrid muestra un seguimiento excesivo y extremo de las medidas aprobadas por el Gobierno Central en la Reforma Laboral y, en la misma semana que la Ley entra en vigor, pone en práctica una de las medidas que pone en tela de juicio el principio constitucional de capacidad, mérito y publicidad que la Constitución Española establece para la contratación de empleados públicos.