En otoño pasado, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, mantenía una reunión en su despacho oficial donde le daban una noticia ciertamente preocupante: el presidente del grupo parlamentario de Convergència i Unió (CiU) en el Parlamento catalán y secretario general adjunto de Convergència Democràtica (CDC), Oriol Pujol, podía salir salpicado en un escándalo por sus conexiones con el grupo Alta Partners, elegido para encontrar comprador de las factorías de tres multinacionales que anunciaron su salida de Cataluña.