Los letrados que deben cerciorarse de que una empresa es insolvente y de que el Estado debe asumir la indemnización de sus trabajadores acuden solo a uno de cada tres juicios. El organismo dice que está "sistemáticamente condenado al pago de prestaciones indebidas" por la falta de personal. La única solución propuesta desde el ministerio de Empleo es la privatización de parte del servicio