Una sentencia del Tribunal Supremo obligó al Ministerio de Industria a elaborar un nuevo método de financiación, donde las familias eran las principales afectadas y que sacamos a la luz mediante un comunicado que subscribian también 5 otras cooperativas eléctricas. Con el nuevo reparto, todas las comercializadoras financian el Bono Social en función del número de contratos de electricidad, sin tener en cuenta la energía utilizada. Para ilustrarlo: con el nuevo reparto, una fábrica contribuye por igual que una familia al Bono Social.