Por 207 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones, la Cámara de Diputados convirtió en ley la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF en manos de Repsol y declaró de “utilidad pública y prioritario” la recuperación del “autoabastecimiento energético”, así como la “exploración, explotación, distribución y comercialización de hidrocarburos”.