El impago del Gobierno a las farmacias por la sequía del presupuesto, supone un quebranto para cada establecimiento de Las Palmas cifrado entre 150.000 y 200.000 euros. Por vez primera, las boticas canarias han tenido que asumir deudas a través de pagarés reconocidos (que no avalados) por el Ejecutivo, con el fin de adquirir medicamentos ante laboratorios y distribuidores.