De todos los delitos y faltas que pueden suceder en un Estado de derecho, los más infames y peligrosos son aquellos que se cometen con la participación de las instituciones democráticas. Hace mucho que sabemos que el Estado no es un reino de los cielos en el que puntualmente surge un Lucifer. Es un campo de batalla donde se disputa constantemente un pulso contra su propia corrupción, guerra que libran con perseverancia funcionarios honrados y la parte más valiente de una ciudadanía cuyas denuncias casi siempre conllevan un alto coste.