La espectacular operación policial en la sede del Arzobispado de Bruselas-Malinas no es más que el principio de un proceso que va a poner a prueba muchas cosas en Bélgica, puesto que no es una acusación contra sacerdotes individuales por actos reprobables cometidos contra menores, sino que se ha convertido en la imputación de un delito a toda la organización eclesial. Se ha desestimado el cargo de «asociación de malhechores».