El Gobierno socialista enviará la ley de eutanasia al Parlamento en junio de 2013 y propone dos soluciones llamadas a suscitar viva polémica: la primera es interrumpir los tratamientos y aplicar la sedación terminal (opiáceos que conducen al coma y a la muerte) “siempre que el paciente lo solicite de forma reiterada”, y la segunda es que el Estado “asuma la responsabilidad, si la sociedad desea ir en esa dirección”, de regular el suicidio asistido.