A mediados del año pasado, la Corte Suprema de Justicia determinó que, de lo que se encuentre, la mitad del tesoro deberá ser repartido entre la multinacional y el Estado colombiano, mientras que este último se queda con todo lo que es considerado patrimonio. Así mismo, está en curso una acción popular en un juzgado administrativo de Bogotá que pide que todo lo que está en el galeón sea considerado patrimonio del Estado colombiano.