España es una anomalía histórica. Es el único país europeo con 200.000 desaparecidos y unas leyes que garantizan la impunidad de sus verdugos. Naciones Unidas reclama al Estado español que elabore un “plan nacional de búsqueda de desaparecidos”, anule la ley de Amnistía de 1977 y enjuicie a los autores e implicados en el exterminio sistemático de fuerzas políticas de izquierdas perpetrado entre julio de 1936 y noviembre de 1975.