Emilio Salazar, fundador de la asociación Kali Yag, en Paterna, lleva años acompañando al Congreso a diputados como Ismael Cortés (Unidas Podemos) para conseguir lo que se aprobó este viernes, una reforma del Código Penal para castigar el antigitanismo. Salió con el apoyo de todos los partidos menos Vox. El último informe de la Agencia Europea para los Derechos fundamentales (FRA) alerta de que «casi la mitad de los ciudadanos de la Unión Europea (el 46 %) se sentirían incómodos si tuvieran personas gitanas como vecinos».