Morenés, ministro de "Defensa" fue representante de Instalaza hasta dos semanas antes de las elecciones. Instalaza decidió demandar al estado en mayo de 2011 por aprobar una ley en base al Tratado de Dublín contra bombas de racimo. Alegaban que la prohibición les haría perder dinero. ¿Por qué pagar a una empresa una cantidad (estipulada por la propia empresa) porque no pueden vender sus armas? ¿Sigue teniendo Pedro Morenés acciones de la empresa? ¿Hay que indemnizar por hacer cumplir la ley a una empresa que incumple una resolución de la ONU?