Ante la posibilidad de que el tribunal derogue la doctrina Parot, el ministro del Interior, Jorge Fernández, ha asegurado este miércoles que las autoridades españolas aún tienen margen para la "ingeniería jurídica". Preguntado expresamente sobre las opciones que tiene el Gobierno de eludir la aplicación de la decisión de Luxemburgo, ha respondido: "Se puede hacer ingeniería jurídica". El ministro ha recalcado además que "son los tribunales españoles y la Audiencia Nacional" los que deberán "interpretar y aplicar" la decisión de Estrasburgo