Los abogados de la Comunidad de Madrid son contundentes al asumir la existencia de estas vigilancias: “Tal y como ha quedado acreditado, durante los meses de marzo a mayo de 2008 se llevó a cabo una actividad por parte de personas vinculadas a la Administración Regional de la Comunidad de Madrid que se separó objetivamente de las legítimas atribuciones y competencias que les correspondían”...Estas labores de vigilancia fueron llevadas a cabo con dinero y medios públicos.