El Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos aceptó este martes la reparación de las víctimas de funcionarios del Estado, al concertar junto a otros partidos políticos un proyecto de ley que deberá ser aprobado por el Congreso. Incluye la restitución de tierras para más de tres millones de personas. Sin embargo, el reglamento no contempla penas a los agentes responsables de los delitos. Una ley similar no prosperó el año pasado en el Congreso al ser objetada por el Gobierno de Álvaro Uribe, que argumentó altos costos de financiación.