Para los casos en que las personas hayan sido condenadas a menos de dos años por “delitos económicos”, es decir por el impago de deudas a Hacienda o la Seguridad Social que oscilen entre los 5,000 y los 75,000 euros, se propone como alternativa la colocación de pulseras electrónicas o la reclusión en denominadas cárceles agrícolas, donde los reos trabajan en el campo y un día de trabajo equivale a dos de prisión. “El uso de algún campo militar solo se haría hasta que estén habilitadas las suficientes cárceles agrícolas”,subrayó el viceministro