Los ministros del Gobierno inglés se han visto obligados a pedir permiso al príncipe Carlos para que diera el visto bueno al menos a una docena de proyectos de ley, de acuerdo con una investigación de The Guardian acerca de una laguna jurídica secreta en la legislación constitucional inglesa que le da el derecho de vetar las normas que puedan afectar a sus intereses privados, especialmente en relación con el Ducado de Cornualles, que le da unas rentas anuales de unos 20 millones de euros. El gobierno no ha revelado si cambió esas leyes.