El Gobierno de Navarra desoye el mandato de la Cámara y no abonará una decimoquinta paga anual a los funcionarios porque, pese a haberlo aprobado el Parlamento foral, se trata de una medida que, según ellos, será paralizada por el Tribunal Constitucional y que, aunque pudiera llevarse a cabo, requiere de una ley foral que garantice su financiación.