El portavoz del Govern, Francesc Homs, calcula que aquellas decisiones del Gobierno español que "vulneran el principio de lealtad institucional", porque generan un gasto en la Generalitat sin prever compensación alguna, le costarán durante el año 2011 a Catalunya, como mínimo, 1.312 millones de euros. Homs revela la existencia de un informe del tripartito que en 2005 cifraba ya el coste esas decisiones del Gobierno en 1.084,81 millones