La constatación, reflejada en el proyecto de presupuestos de la Generalitat, de que en el 2011 las siete universidades públicas catalanas que imparten enseñanza presencial --o sea, sin contabilizar la UOC, que se rige por un contrato programa plurianual-- recibirán 144 millones menos que en el 2010 para hacer frente a sus gastos de funcionamiento, donde se incluye el capítulo de personal, ha vuelto a alimentar el malestar de los rectores.