El Govern está dispuesto a poner freno a la malversación de caudales públicos en la administración pública. Por este motivo, mediante la Ley del Sector Público que ya ha entrado en el Parlament, pondrá interventores anticorrupción en las empresas, consorcios o fundaciones públicas. Estas figuras tendrán la finalidad de controlar la gestión económica y el gasto en los 184 entes en los que participa de forma directa o indirecta el Govern.